Propuestas para una la política
agrícola.
(recopilación y opinión)
(Agosto, de
2018. Carlos Pazos)
En el marco del Congreso Internacional de Economía y Gestión
“Econ 2017”, Alejandro Rofman (IADE), Carlos León (Cátedra Libre de Estudios
Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti), Diego Fernández y Juan Manuel Villulla
(Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios) participaron del panel 2015-2017: dos años de política
agropecuaria. Un análisis crítico.
La actividad se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y abordó, distintos aspectos de la
cuestión agraria argentina de los últimos dos años.
“La política pública se convierte solo en un paliativo para evitar
que los conflictos lleguen a niveles no manejables. En realidad, no hay
política agropecuaria. Quieren que el mercado marque la política agraria”,
sostuvo Rofman en su disertación.
“El rumbo futuro de la política económica está explicado por lo
que pasa hoy. No hay incógnitas a develar. Sabemos adónde se quieren dirigir
aunque intenten distraernos. El objetivo básico de un proyecto de este tipo es
poner en funcionamiento otra vez un modelo de valorización financiera. Todo
está atado a eso”, definió el presidente honorario del IADE para encuadrar al
manejo agrario por parte del Estado.
A su turno, Carlos León coincidió con Rofman al mencionar las
acciones desarticuladas del actual gobierno en materia agropecuaria: “No hay
una política agropecuaria explícita, con programas, con instrumentos y
objetivos específicos. Se han tomado un conjunto de medidas que impactan de
forma seria en la tierra, la agricultura familiar y el trabajo”.
El integrante de la cátedra Giberti detalló, en ese sentido,
medidas regresivas como la quita de retenciones a la soja, la extensión del
plazo de liquidación de exportaciones a 10 años o la modificación de la ley de
Tierras y mencionó también la difícil situación de las cadenas productivas de
base agropecuaria. “En el período 2003 a 2015 se avanzaron en algunos objetivos
importantes como las leyes de emergencia en las comunidades indígenas, de
trabajo agrario, de agricultura familiar y hoy existe el peligro de que se
destruyan”, concluyó León.
Por su parte, Diego Fernández trazó un panorama de la
concentración económica de la producción primaria en la región pampeana. “Casi
un 80% de productores maneja solo el 20% de la soja argentina y, como reverso,
hay un 6% que maneja más de la mitad de la cosecha”, graficó Fernández acerca de
la concentración productiva, en crecimiento desde principios de la década del
90.
El miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios
criticó además la indiferenciación de actores que se realiza en el despliegue
de las políticas públicas para el sector y remarcó que “las grandes vigas
maestras de las políticas económicas son las que están explicando el proceso
que está pasando ahora, que es el manejo brutal del tipo de cambio y el sistema
impositivo, sin hacer ningún tipo de diferenciación”. “Si las reglas del juego
dicen que no hay ningún tipo de inhibición en los comportamientos de los
agentes económicos va a pasar lo que viene pasando, que es la presencia de
productores cada vez más gigantes”, alertó Fernández.
Carlos
León
Aclara, la fuerte intensidad del crecimiento del área con soja, que en la
actualidad supera el 60% del total de la superficie sembrada, y la modalidad
del proceso de concentración de la producción, provocaron serios impactos socio
ambientales.
Existen condiciones de
monocultivo en una proporción importante del área sembrada, especialmente en
los suelos arrendados por grandes explotaciones, y la decisión unívoca del
control de malezas mediante crecientes volúmenes de glifosato, esto afectó
fuertemente ecosistemas y la salud en habitantes de regiones productivas.
Durante el período 2003-2015, si bien se ejecutaron una
importante cantidad de proyectos orientados a la Agricultura Familiar y se
asignaron recursos considerables, no pudo generarse una planificación del
conjunto de los instrumentos creados a tal fin, de modo de lograr impactos
considerables
.
Del mismo modo, si bien se logró jerarquizar el ámbito de la
Agricultura Familiar creando un Secretaría dentro del Ministerio de
Agricultura, por otro lado no se logró revertir la pérdida de la
institucionalidad ocurrida en 1990 con la desregulación y desaparición de
Organismos Públicos.
Sin embargo, hay que rescatar la sanción de leyes que procuraron
un marco de referencia significativo para mitigar el “acaparamiento” de tierras
y atenuar la debilidad estructural de la pequeña y mediana producción. Una
de ellas es la Ley N° 26.737/11, “Ley de Extranjerización de la Tierra”, si
bien su verdadero nombre es “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Esta ley impone límites
a la tenencia de la tierra por parte de extranjeros, por región y por
nacionalidad.
Si bien, previo a la sanción de esta ley, no logró elaborarse un
diagnóstico preciso de la magnitud de tierras en propiedad extranjera, de modo
de precisar un límite la existencia del instrumento legal impone restricciones
evidentes, que en algunas regiones son de extrema importancia.
Otra ley a mencionar es la N° 27.118 de 2013, de “Reparación
histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una nueva Realidad
en Argentina” Aún no reglamentada, tiende a promover el desarrollo
socioeconómico de la Agricultura Familiar y contribuir a la soberanía y
seguridad alimentaria. Un aspecto trascendente de la ley es que establece la
necesidad de crear un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar,
constituido principalmente por tierras públicas o que podrían ingresar al
patrimonio nacional.
Otra ley trascendente es la N° 26.727/ 2011 de “Trabajo Agrario,
que constituye un avance significativo en relación a la legislación que existía
previamente en el ámbito laboral agropecuario.
A partir de diciembre de 2015, con la política económica
irrestrictamente liberal, el actual gobierno ha avanzado en iniciativas que
llevan a agudizar los problemas de concentración de la producción agropecuaria
y acentuarán aún más la debilidad de la agricultura familiar. Mencionaremos,
entre otras, a las siguientes:
i)La modificación de la Ley 26.737 de “Extranjerización de la Tierra” a partir
del decreto N° 820/16, que, con el pretexto de atraer inversiones extranjeras,
elimina controles que debían hacer la UIF y AFIP a capitales extranjeros que
quisiesen adquirir tierra. Facilita la venta de terrenos con espejos de agua.
Permite eludir con maniobras administrativas y contables, las limitaciones y
obligaciones impuestas por la ley.
ii) A pesar de los constantes reclamos de todas las organizaciones de agricultores
familiares, continúa sin reglamentarse la Ley N° 27.118, mencionada
anteriormente. No obstante, desde el gobierno se ha avanzado con iniciativas de
enajenación de la tierra pública existente y con potencial valor agrícola. De
este modo, se impediría posteriormente concretar uno de los objetivos de la ley,
la creación del “Banco de Tierras” para la agricultura familiar. En esta misma
dirección, hay que mencionar la reciente sanción del decreto N°225/17 que
dispone la venta de activos públicos, entre ellos un campo en zona de
regadío en Mendoza: aproximadamente 4.000 ha y otro en Córdoba: 8.500
ha, que pertenecerían al ejército. Ambos de importante valor productivo.
iii) En el transcurso del último año y medio, se han verificado reiterados
intentos de desalojos de campesinos de sus tierras, en distintas
provincias, por grandes propietarios. Especialmente en territorios de
comunidades indígenas, a pesar de que están registradas en el marco de la Ley
N° 26.160. El objetivo que persiguen es ocupar dichas tierras, para explotarlas
con producción de granos y/o ganadería, desconociendo la agricultura en pequeña
escala existente en dichas comunidades.
iv) La pequeña
producción agraria está recibiendo los impactos regresivos de la actual
política económica. Recientemente, el presidente de la Federación Agraria
Argentina, invocando un estudio de la Agricultores Federados Argentinos, dio
cuenta de la profunda crisis en la agricultura familiar. Declaró que un
chacarero que tiene 50 ha propias o 100 arrendadas, no puede cubrir con sus
ingresos, la canasta básica del INDEC. Entre las causas menciona la baja
rentabilidad por el aumento de costos la falta de transparencia en las cadenas,
mercado interno deprimido y la falta de respuesta adecuada del estado ante la
emergencia hídrica.
v) Si bien, La fuerte
apertura importadora de la actual política económica, afecta drásticamente al
sector PyME industrial, perjudica también a la pequeña y mediana producción
agropecuaria. El Informe 2016 de Importaciones elaborado por la provincia de
Santa Fe, registró el impacto de la importación en lo relacionado a distintos
rubros de la producción primaria, que se realizan en dicha provincia. En el
caso de alimentos de origen animal, los volúmenes importados en 2016 respecto
al año anterior, crecieron en los cuatro rubros de interés provincial, entre
122% a 891%. Se destaca el caso de la carne porcina, que registró en 2016 un
volumen de importación de 25,7 millones de kg. Hay que mencionar, que en la
última década, hubo una fuerte expansión de la actividad porcina en el marco de
la agricultura familiar. En cuanto a alimentos de origen vegetal el Informe
registró, entre otros, la importación de 17,5 millones de kg. de batata, 11,6
millones de kg de zanahorias, rubros que prácticamente no registraban
importaciones anteriores. todos ellos relacionados con la producción pequeña y
mediana. En algunos casos, estos volúmenes importados son significativos, en
relación a la producción nacional.
Existe otro conjunto de impactos negativos agropecuaria, que por
razones de síntesis, no es posible profundizar. Entre ellos: la crisis
generalizada de la pequeña y mediana producción en las economías agrarias extra-pampeanas.
Ocasionada, entre otros, por:
i) los desincentivos a la
industrialización en las distintas cadenas, debido a la nueva estructura de
precios relativos, favorable a la primarización; ii) la caída generalizada del
consumo interno, principal componente de la demanda de las economías
regionales; iii) los efectos de la importación en casos como la producción
forestal maderera, vitivinícola, entre otros; iv) y el creciente proceso de
concentración alentado por la actual política económica.
Obviamente, esta situación afecta también intensamente a los
trabajadores rurales y de las manufacturas de origen agropecuario. Un sinfín de
conflictos se han registrado en el último año y medio, tales como los del
sector yerbatero, tambero, limonero, frutícola, el Alto Valle y Valle Medio,
azucareros en Salta, entre otros, que indica el intenso impacto negativo de la
actual política económica y sectorial sobre las clases rurales más débiles, de
pequeños productores y de obreros rurales.
En respuesta a esta situación, hay que mencionar la existencia
de innumerables exteriorizaciones y manifestaciones por parte de estos sectores
sociales, que han tenido lugar desde que asumió el actual gobierno. Reclaman
acceso a la tierra, resisten a que los despojen de los campos donde se asientan
desde hace décadas, piden el mantenimiento de fuentes de trabajo, impulsan la
presentación de proyectos de leyes que los protejan, etc.
Además debe observarse con atención y valoración, el importante
número de organizaciones de la agricultura familiar existentes en todo el
territorio del país, representando a cadenas productivas, a sectores
campesinos, a comunidades indígenas, a cooperativas, etc.: protagonistas de
todas estas exteriorizaciones y reclamos.
Otro punto de vista:
La política agraria Argentina quiere evitar una nueva crisis
económica. Y el gobierno piensa que la solución las inversiones internacionales. Entonces, la política agraria no existe
salvo como una política económica. Los intereses económicos son más
importantes que los de los campesinos o de la conservación del ambiente. Por el
problema de la inseguridad alimentaria, podríamos decir que la plata vale más
que el plato. Unos países consideran que hay que ganar dinero extranjero para
llenar los platos de la población. Entonces, esos países cultivan productos que
pueden exportar y no alimentos que la población podría comer. Otros países
prefieren cultivar alimentos y comer lo que producen al limitar las
importaciones. Hay que elegir: producir lo que la población puede comer o
producir para exportar y ganar dinero con cual pagar importaciones de
alimentos. Son dos políticas económicas diferentes. (Francois Collart
Dutilleul, director del Programa Lascaux, de la Universidad de Nantes
(Francia)2012). Lo que no considera el
señor Dutilleul es que un país como el nuestro debe hacer ambas cosas, debido a
sus posibilidades naturales y que no existe industria para sostener al sector.
“Además añade; El sistema de propiedad privada no funciona de
manera satisfactoria cuando se trata del alimento, porque nunca debería tener
el monopolio de un bien vital para la población. Al mismo tiempo, parece
difícil excluir la propiedad privada.” Entonces ¿cómo combinar propiedad
privada y patrimonio? El derecho tiene respuestas: El programa europeo Lascaux
busca y analiza este tipo de ejemplos, que pueden servir de modelos. En
particular, el derecho nacional debe pensar las soluciones. Sin embargo, el
problema mayor es que los productos resultantes de los recursos naturales están
regidos por el derecho de la Organización Mundial del Comercio. Lo que los
recursos naturales producen se vuelve mercancía. Pues la pregunta puede ser:
¿cómo podemos hacer para que esta mercancía no sea considerada como ordinaria
sino como especial?
El acaparamiento de tierras en clave nacional
A fines de 2011 el gobierno nacional presentó un proyecto de
Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales (más
conocido como Ley de extranjerización de la tierra) que luego, con algunas
modificaciones, fue aprobado por el Congreso Nacional. La Ley pone un tope
máximo del 15% del territorio rural argentino en manos extranjeras y cada
extranjero no podrá tener más de 1000 hectáreas a su nombre. Las estimaciones –porque
no hay un catastro bien confeccionado -- oscilan entre el 7 y el 10 %, por lo
que se trata casi, de en un proyecto de promoción.
La problemática de la concentración de la tierra es un crucial,
no sólo por capitales extranjeros sino también por capitales nacionales, como
testimonia el caso del grupo Los Grobo, presidido por Gustavo Grobocopatel,
quien ironiza sobre sí mismo diciendo que es el primer empresario ‘sin tierra’.
Este grupo económico tiene 17.700 hectáreas propias, pero cultiva en total más
de 290 mil hectáreas de tierras arrendadas en Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay, y tiene como objetivo llegar a sembrar cerca de 400 mil en el
Mercosur.
Pero esta no es la única forma de acaparamiento de tierras: en
los últimos años gobiernos importadores de alimentos comenzaron a comprar o
arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina con el
fin de producir alimentos. El caso local más emblemático es el de las 240 mil
hectáreas entregadas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang, a
partir de un acuerdo firmado con la provincia de Río Negro, para el cultivo de
soja, además de derechos de irrigación y la concesión del puerto atlántico de
San Antonio. Acuerdo finalmente frenado por el Poder Judicial de esa provincia.
El acaparamiento y la concentración de tierras resultan en
problemas a varios niveles. Al nivel local, la efectividad del derecho a la
alimentación con el uso del suelo está amenazada por la expulsión de campesinos
instalados en las tierras. Al nivel nacional, la escala y el modalidad de
producción, la elección de variedades puede resultar en la destrucción de la
biodiversidad y del Hábitat, y problemas de seguridad alimentaria –con el caso
de los agrocombustibles, por ejemplo–. Aparecen también problemas
socio-económicos, como la destrucción de empleos y la conversión de los
campesinos en empleados mal remunerados. Al nivel internacional asistimos al
debilitamiento del derecho del suelo y del ambiente. De la misma manera que los
recursos naturales, el acceso al suelo depende de la legislación nacional. Si
los acaparamientos de tierra y la concentración de las tierras a manos de
empresarios son posibles, es porque la legislación nacional lo permite. Aunque
no es suficiente, el derecho es necesario, constituye la primera etapa para
garantizar el acceso a la tierra de los campesinos, y la seguridad alimentaria
de las poblaciones.
Semillas para pocos
No hay la biotecnología moderna y su inserción en el agro a
través de las semillas transgénicas incentivaron la reformulación del sistema
de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. En Argentina, una forma de
proteger las semillas se da a través de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas que data de 1973 pero cuyo reglamento se modificó por última vez
en 1991. Según esta legislación, no lesiona el derecho de propiedad sobre un
cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso,(proviene del acta
de la unión para la protección de las obtenciónes vegetales, aun no aceptada)
La industria semillera en nuestro país viene cuestionando desde
hace tiempo el denominado ‘uso propio de las semillas’, una práctica a la que
acusan de ser la responsable del incremento de la conocida “bolsa blanca”
(mercado ‘ilegal’ de semillas). Por ello, desde 2003 vienen presionando para
que Argentina modifique la norma que regula el sector y se adapte al nuevo
marco internacional que es mucho más agresivo en este sentido.(acta UPOV/91)
El año pasado, la discusión tomó un nuevo impulso cuando el Ministro
de Agricultura, Norberto Yauhar, expresó la voluntad política de que la ley se
modificara antes de fin de año. Sin embargo, las negociaciones se frenaron y
aún no fueron reanudadas. El nudo del conflicto estuvo en el ‘uso propio’ de las semillas, ya que una de
las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los
derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y
reproducir sus propias semillas. La nueva legislación apunta a reglamentar y
restringir el ‘uso propio’ remarcando que solo podrán hacer uso de esta
prerrogativa los denominados ‘agricultores exceptuados’, quienes deben estar
debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas.
El enfoque se basa en
varios principios: el respeto y el reconocimiento de los múltiples derechos
sobre la propiedad agraria, la adaptación de las acciones a los contextos
socioeconómicos, la ayuda en la elección de políticas sin injerencia pero
favoreciendo las gestiones inclusivas, la coordinación con otros proveedores de
fondos.
La cuestión de la propiedad agraria, en reemplazo del concepto
de productor agrario, desempeñaría un papel central en las políticas públicas
de ordenamiento del territorio, de aumento o de disminución de la pobreza y de
las desigualdades, en medios tanto rurales como urbanos.
Se plantea un cambio de paradigma:
centrar la política en la propiedad agraria como patrimonio nacional y
generador de riqueza para su región y el país. Evitando transitoriamente el
objetivo de redistribución de tenencia
de la tierra, simplemente por ser a corto plazo traumático y sin garantías de
una producción mayor y mejor.
Posteriormente a través de un anexo
sobre la compra-venta de inmuebles puede moldearse, hacia una tenencia de la
tierra más justa y menos monopólica.
El programa debe evitar el minifundio
inviable, estimulando el asociativismo con los mismos métodos que se han usado
en la experiencia extensionista.
Patentes:
El derecho de patentes constituye un mecanismo muy poderoso
porque ofrece al inventor un monopolio a largo plazo sobre la invención. Hay
que estar particularmente vigilante con las patentes sobre lo vivo y además
sobre las semillas porque, como fuente de alimento, son de fundamental
importancia para la vida. Ahora, el derecho de patentes favorece claramente las
grandes empresas de semillas, a menudo en detrimento de los pequeños
productores. Por estas razones hay que tener cuidado de preservar los derechos
de los campesinos, limitando el poder de empresas como Monsanto sobre el
mercado de semillas, para mantener la diversidad y libre acceso a las semillas.
Es muy importante reconocer a los campesinos un verdadero derecho sobre las
semillas conservadas en la finca. Así, podrán reservar y usar las semillas
cosechadas sin pagar regalías. Hay que promover la circulación y el intercambio
de semillas para mantener una diversidad.
Si Monsanto (integrado ahora por al grupo alemán Bayer) tiene un
monopolio sobre semillas y o tierras, es porque lo permite el gobierno
provincial o nacional. Una reforma como esta no es necesariamente mala si esta redactada
de manera justa y tiene en cuenta los intereses de todos. Por el contrario, si
sólo es una repuesta a un lobby de empresas de semillas, existe el riesgo que
los pequeños campesinos sean excluidos. Una reforma así sería un peligro cierto
para los pequeños productores, para la biodiversidad y para la seguridad
alimentaria.
El alimento no debe ser visto como simple mercancía como los otras.
Para salir de esta lógica, es necesario responder a varios problemas a la vez.
Actuar sobre la Organización Mundial del Comercio, cuyo derecho prevé
mecanismos para tomar cuestiones extra-comerciales como la seguridad
alimentaria. Es necesario también reconciliar lo global y lo local, y actuar
sobre la propiedad intelectual que conduce a la perdida de la soberanía sobre
los medios de producción. Hay que empezar incidir sobre la tierra y los medios
de producción, porque entonces se controla toda la cadena.
No debemos esperar de los países una actitud humanitaria, sino
de manera marginal. Es la razón por la que es fundamental mantener su soberanía
sobre el suelo, las semillas, su soberanía comercial y alimentaria. Desde el
etiquetado a la atención de los consumidores, quienes podrían ser informados de
las circunstancias en las que fueron producidos los alimentos que consumen,
también es una pista de reflexión del programa Lascaux.
No hay dudas de que el avance del desierto sobre tierras
productivas continua sin cesar. En muchos casos nada se puede hacer ante este
efecto del cambio climático, pero en la mayoría, con inversiones en derivación
de corrientes de agua, como el riego localizado, se irán instalando.
Consideraciones.
Todo esto indica la necesidad de aunar las diversas
problemáticas semejantes en las distintas regiones, y lograr una articulación
de las organizaciones de la pequeña producción agraria. De este modo será
posible elaborar un programa articulado de necesidades y reclamos, que
trascienda lo local, que acerque la problemática agraria a las legislaturas
provinciales y nacional, que proponga límites a la concentración de la tierra y
de la producción, y que intente articular sus intereses con los de otros
sectores sociales fuertemente afectados por la política económica vigente.
Podríamos considerar:
1. Apoyar una renta viable y
la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio nacional
para mejorar la seguridad alimentaria.
2. Incluir, salvo para su
estudio minucioso, los sectores que forman la economía del país. Todos los
sectores constituyen el origen de la riqueza común, y así como hacen los países
más avanzados, debemos exportar más de lo que se importa en valores reales. En
Argentina no sólo podemos aumentar nuestras exportaciones sino sustituir
importaciones, dejando solo a bienes especiales y sin influencia en el
equilibrio económico. Cuanto mayor es el volumen, más atractivos seremos como
cliente.
3. Ante la falta de un
aparato industrial fuerte, el sector agropecuario deberá autofinanciarse e
invertir en la sustitución de insumos importados.
4. Promover la sustitución de
importaciones para generar un sector que pueda ayudar financieramente al sector
rural, que poco a poco se convierta en un alivio impositivo para el campo y un
sostén ante eventualidades del mercado.
5. Los principales rubros a
sustituir son: Energía, vehículos, productos químicos, medicamentos,
maquinarias, aviones, armas, helicópteros, barcos, software, semillas y
aparatos médicos.
6. Mejorar la orientación al
mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en
la investigación, la tecnología y la digitalización.
7. Mejorar la posición de los
agricultores en la cadena de valor.
8. Contribuir a la atenuación
del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a una energía
sostenible.
9. Promover el desarrollo sostenible
y la gestión eficaz de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el
aire.
10.Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los
servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes.
11.Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo
empresarial en las zonas rurales.
12.Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el
desarrollo local en las zonas rurales, así como la bioeconomía y la
silvicultura sostenible.
13.Mejorar la respuesta de la agricultura de la nación a las
exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular la
preocupación por unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles,
así como en materia de bienestar de los animales. establecer una relación de las
intervenciones necesarias y un «arsenal» común de medidas que puedan ser
utilizadas por las provincias para alcanzar los objetivos comunes.
14.Preservar el mercado y unas condiciones equitativas para
todos los agricultores de todo el País. Garantizar la ganancia del productor.
Dejar de lado el concepto de economías regionales por solo economías, liberar
las capacidades productivas y la generación de sistemas productivos propios e
invertir en el desarrollo férreo para bajar costos a los puertos de exportación.
15.Analizar el concepto de mercado transparente para establecer
un seguro de rentabilidad, compensando los precios bajos con retenciones, sobre
lo un valor acorde establecido para el mercado interno.
16.Velar por que haya salvaguardias para garantizar que la
política hace lo que se propone hacer, y ofrecer una serie de indicadores para
evaluar los progresos realizados.
Reflexión.
Los agricultores y cada sector saben mejor que nadie qué apoyo
necesitan para mejorar su rendimiento. Con los nuevos planes estratégicos, las provincias pueden
trabajar con los agricultores para determinar lo que debe hacerse a nivel
nacional o regional a fin de cumplir los objetivos acordados en común, con
mayor flexibilidad en la elección de las medidas más apropiadas para la
consecución de resultados. La lista de amplias medidas acordadas a nivel de la
Nación también se racionalizará; por ejemplo, Si se define grandes ámbitos de
acción en el marco del desarrollo rural (medio ambiente y clima, jóvenes
agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, conocimientos e información,
crecimiento y desarrollo, etc.). Dejar a las Provincias más responsabilidad en
cuanto a la mejor forma que tengan de cumplir los objetivos globales, en lugar
de imponer un enfoque único demasiado preceptivo, será más simple y también más
eficaz.
Estos planes estratégicos de la Política Agraria indicarán cómo
se propone cada provincia alcanzar los objetivos generales consensuadas,
teniendo en cuenta sus propias necesidades específicas. Deberán definir una
estrategia y explicar de qué manera se lograrán estos objetivos con la ayuda de
acciones de ambos pilares. Los planes fijarán también las metas para alcanzar
los objetivos; el progreso para llegar a estas metas se evaluará a nivel de
Estado y será verificado por el congreso en el marco de seguimiento y revisión.
La necesidad de un sueño compartido requiere definir una
política agraria de integración y desarrollo nacional, un objetivo a seguir y
recursos por preservar. Gracias.
Carlos Pazos -011-15-35612847
Martinez – San Isidro – Buenos Aires.
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